Jueves, 11 de Mayo de 2017.

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad una Resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a que lleve a cabo de forma activa investigaciones sobre la imposición de cláusulas abusivas, en particular cláusulas suelo, por parte de las entidades financieras establecidas en Navarra, a propuesta del G.P. Podemos-Ahal Dugu.

La Resolución aprobada dice lo siguiente:

“El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra para que dé instrucciones al Servicio de Consumo, a fin de que este:

– Lleve a cabo de forma activa investigaciones sobre la imposición de cláusulas abusivas, en particular cláusulas suelo, por parte de las entidades financieras establecidas en Navarra.

– Lleve a cabo un control de la aplicación o utilización del Real Decreto Ley 1/2017 en las reclamaciones extrajudiciales que las y los particulares realizan a sus entidades financieras en esta materia.

– Imponga, previos los trámites y estudios jurídicos pertinentes, las sanciones previstas en la normativa foral en materia de defensa de consumidores/as y usuarios/as, en los casos en que detecte una imposición generalizada y extendida de este tipo de cláusulas, y sean estas, además, agravadas e incrementadas en los casos en que se aprecie resistencia o mala fe por parte de las entidades financieras, en la aplicación de las soluciones extrajudiciales previstas en el Real Decreto Ley 1/2017”.

P. ALLENDESALAZAR / MADRID

DOMINGO, 7 DE MAYO DEL 2017 - 21:48 CEST

Los bancos que incluyeron cláusulas suelo en sus hipotecas de forma poco transparente devolverán unos 3.700 millones de euros a los afectados. De esta cantidad, 1.600 millones corresponden a la eliminación de estas cláusulas abusivas a partir del 9 de mayo del 2013 decretada por el Tribunal Supremo en aquella fecha. Los restantes 2.100 millones se deben a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado diciembre que obligó a la banca a reintegrar todo lo cobrado de más desde la firma del préstamo y no desde la fecha decretada por el alto tribunal español.