Debate y votación de la moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a dar instrucciones al Departamento de Consumo para llevar a cabo investigaciones sobre la imposición de cláusulas abusivas por parte de las entidades financieras establecidas en Navarra, presentada por: Ilma. Sra. D.ª Laura Lucía Pérez Ruano (G.P. Podemos-Ahal Dugu).

Envía las primeras respuestas positivas a clientes que acudieron a la vía extrajudicial
Inicia los pagos a clientescon hipotecas sujetas a euríbor e IRPH

Hay entidades que exigen a su cliente que justifique por qué debe cobrar o que alegan que hay juicios abiertos y no ofrecen suspenderlos Adicae ha aportado ejemplos de estas prácticas en su denuncia ante el Banco de España

• La entidad continua cobrando la cláusula suelo a sus clientes y está cometiendo varias irregularidades en la aplicación del decreto de devolución extrajudicial

• Los pequeños accionistas agrupados con ADICAE denuncian la drástica pérdida de su capacidad de decisión en la entidad al integrarse en el Grupo Unicaja

Madrid, 18 de abril. La asociación de consumidores ADICAE acude mañana a la Junta General de Accionistas de Banco Ceiss (entidad resultante de la fusión de Caja España y Caja Duero) en representación de pequeños accionistas gravemente preocupados por el futuro de la entidad atendiendo a sus cuentas anuales y a las investigaciones judiciales que salpican al banco.

La mala situación financiera, derivada de años de nefasta gestión y que ha necesitado incluso la inyección de fondos públicos (hasta unos 1.350 millones de euros), se ve agravada ahora por las investigaciones de presuntas prácticas irregulares que ha denunciado el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), como la autoconcesión de varios préstamos al expresidente de la entidad, Santos Llamas, por 79 millones de euros, así como por diversas maniobras contables ilegales que podrían llegar a juicio y donde hasta el dirigente del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, se ve implicado al haber sido consejero de la caja en la época que ahora se investiga.

Las denuncias de irregularidades en la gestión llegan en un momento en que España-Duero presenta unas pérdidas en 2016 superiores a los 25 millones de euros y que suponen un incremento de más del 150% en relación a las sufridas en 2015. Esta cifra podría ser incluso mayor si la entidad hubiese provisionado la cantidad suficiente de recursos para hacer frente a las reclamaciones por el abuso de la cláusula suelo. La entidad ha estimado en 22,7 millones la provisión necesaria para hacer frente a la devolución del 'suelo' y ha tratado de maquillar la partida dentro del concepto 'Cobertura de contingencias legales', a diferencia del resto de entidades bancarias. Esta cantidad es totalmente insuficiente teniendo en cuenta el número de afectados; aunque, si atendemos a la actitud que el banco está demostrando a los clientes que ya han reclamado su cláusula suelo, sería más que suficiente. España-Duero, además de seguir cobrando este fraude bancario en los contratos hipotecarios aún vigentes, está cometiendo varias irregularidades en la aplicación del decreto de devolución extrajudicial del Gobierno, como realizar ofertas manuscritas o telefónicas, inferiores a la cantidad real, sin desglosar cantidades y sin ningún documento que lo avale, urgiendo además al cliente a aceptarlas.

Por estos motivos ADICAE votará también en contra de la política de remuneraciones presentada por el Consejo de Administración al ser totalmente desproporcionadas en relación a la gestión realizada que ha dejado a la entidad al borde de la liquidación.

Los pequeños accionistas agrupados con ADICAE denuncian también la drástica pérdida de su capacidad de decisión al integrarse la entidad dentro de Grupo Unicaja, siendo su junta la que tomará las decisiones de verdadera importancia.

CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Día: 19 de abril

Hora: 08:30

Lugar: c/Titán, 8, MADRID

Expertos de varias universidades aseguran en un estudio que las preferentes y las hipotecas multidivisa constituyeron un riesgo para la salud pública. Entre otros daños, las víctimas sufrieron problemas psicológicos, dificultades para dormir y un deterioro general en su calidad de vida

La nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo complica todavía más la resolución del conflicto. Aquí le explicamos quién tiene derecho a recuperar el dinero

La batalla de los afectados por las cláusulas suelo para recuperar el dinero pagado de más, en vez de aclararse tras la sentencia del Tribunal de la UEque otorgaba la retroactividad total, cada vez se complica más por culpa de las sucesivas resoluciones del Tribunal Supremo (la última, de este miércoles), que únicamente solucionan parcialmente el problema y dejan grandes lagunas. "No tiene mucho sentido que el Supremo vaya con cuentagotas, podía haber aclarado la cuestión de una vez por todas", se quejan en una entidad financiera. Para no perderse en un lío de argumentos jurídicos y distintas casuísticas, lo mejor es partir de la entidad con la que usted contrató la hipoteca.

5/04/2017.- Los Comités de Afectados por cláusula suelo de ADICAE reanudan el 'Toque a la banca' el próximo jueves 6 de abril para denunciar las irregularidades que las entidades están cometiendo en la aplicación del decreto de devolución extrajudicial puesto en marcha por el Gobierno y para exigir que, de una vez por todas, eliminen la cláusula suelo de los contratos hipotecarios aún vigentes.  

Pese a las sucesivas sentencias judiciales que obligan a la eliminación del 'suelo' -incluidas varias demandas agrupadas de ADICAE contra entidades 'empecinadas' como Sabadell o Popular- los bancos y entidades de crédito siguen obligando a sus clientes a pagar por la cláusula suelo en lo que supone de facto una rebelión contra los dictámenes judiciales y el decreto del Gobierno. 

Los consumidores, a pesar de haber logrado tras años de lucha que los tribunales españoles y europeos declaren abusivas las cláusulas suelo y obliguen a su devolución retroactiva, siguen pagando mes a mes en sus hipotecas este abuso bancario en lo que parece una gran tomadura de pelo de la banca a sus clientes soportada por la pasividad del Gobierno. 

Ante la actitud de las entidades y ante las declaraciones despectivas de los directivos bancarios hacia los consumidores (como Francisco González -presidente de BBVA- que llegó a decir que no es “Papa Noel” al referirse a la devolución extrajudicial colectiva) los afectados por ese abuso bancario vuelven a salir a la calle en un recorrido por la entidades bancarias más reaccionarias para denunciar públicamente este despropósito e informar al resto de consumidores sobre sus derechos y posibilidades de reclamación. 

                                     Ante la resistencia de la banca, ¡la fuerza de los consumidores!!!

Haremos un recorrido por varias oficinas y sucursales del Paseo Sarasate, Avenida de San Ignacio, Avenida de Carlos III y Pza. De las Merindades entregando reclamaciones "in situ" de las personas que no hayan reclamado todavía su CLÁUSULA SUELO acogiéndose a los mecanismos extra-judiciales que recoge el RD 1/2007.

También tendremos la oportunidad de presentar escritos al Servicio de Atención al Cliente de cada una de las Entidades para solicitar la devolución de los GASTOS HIPOTECARIOS.

Repartiremos ocatavillas informativas para que la ciudadanía CONOZCA SUS DERECHOS.

PAMPLONA, JUEVES 6 DE ABRIL A LAS 13.00 en el PASEO SARASATE (FRENTE AL SABADELL)

31 de marzo de 2017. El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Resolución Alternativa de Litigios en materia de Consumo. Con él, se incorpora a la legislación española la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, que tiene como finalidad garantizar a los consumidores residentes en la UE la posibilidad de resolver litigios con empresarios establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea.

Este proyecto tiene como objetivo contribuir, a través de un alto nivel de protección del consumidor, al buen funcionamiento del mercado interior garantizando que en el ámbito de la Unión Europea se pueda acceder a mecanismos extrajudiciales de litigios en materia de consumo independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos.

Así, con esta norma se facilita a los consumidores que los posibles problemas derivados de sus contratos con los empresarios puedan encontrar una solución sin tener que recurrir a la vía judicial. Los procedimientos de resolución, cuyo resultado podrá ser vinculante o no, serán además de gratuitos o de coste simbólico, transparentes, sencillos, rápidos, y justos, garantizándose su imparcialidad.

Con este objetivo, la norma fija los requisitos que deben reunir las entidades encargadas de gestionar la resolución alternativa para que, si así lo solicitan, puedan ser acreditadas e incluidas en el listado nacional que elabore la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), que a su vez lo notificará a la Comisión Europea para su inclusión en un listado único europeo.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha acordado a su vez la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia de este proyecto de ley, ya que es necesaria para incorporar a la legislación española la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, que tiene por objeto garantizar a los consumidores el acceso a entidades de resolución extrajudicial de conflictos.

TRANSPARENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Los requisitos que el proyecto establece para las entidades que quieran ser acreditadas por la autoridad competente tienen como objetivo que el consumidor tenga el máximo de información y que se respeten sus derechos de confidencialidad y protección de datos.

En cuanto a la transparencia, la entidad estará obligada a publicar en su página web detalles como los tipos de litigios que entran dentro de su competencia, el coste, las lenguas en las que puede presentarse el procedimiento, la duración media de los procedimiento o las personas encargadas de la resolución del conflicto.

Los profesionales que resuelven los litigios deberán actuar con independencia e imparcialidad y acreditar su conocimiento en materia de protección de los consumidores. En el caso de que se surjan conflictos de intereses, deberán abstenerse de continuar con el procedimiento.

Los procedimientos gestionados por estas entidades serán de aceptación voluntaria, salvo que una norma establezca su aceptación obligatoria. Si el procedimiento finaliza con una propuesta de solución, las entidades deben informar a las partes de que pueden retirarse del procedimiento. Antes de dar su consentimiento dispondrán de un plazo no inferior a tres días para reflexionar. En los procedimientos con resultado vinculante, las partes deberán ser informadas previamente de ello, debiendo constar por escrito su aceptación.

Como novedad, y con el fin de asegurar la eficacia de los procedimientos, la norma establece un plazo máximo de resolución de 90 días naturales desde la presentación de la reclamación. En cuanto al coste para el consumidor por la gestión del procedimiento, se fija como máximo en 30 euros, no obstante seguirán existiendo procedimientos gratuitos.

CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDOR Y EMPRESARIO

Los conflictos a los que se refiere este anteproyecto son todos aquellos de carácter nacional o transfronterizo surgidos entre un consumidor y un empresario, con ocasión o como consecuencia de un contrato de compraventa o de servicios celebrado de forma presencial, electrónica, telefónica…

Se excluyen del ámbito de aplicación del proyecto de ley: los servicios no económicos de interés general, las reclamaciones referidas a servicios relacionados con la salud y las reclamaciones dirigidas a prestadores públicos de enseñanza complementaria o secundaria. También quedan excluidos los conflictos entre empresarios, la negociación directa entre el consumidor y el empresario y los procedimientos iniciados o gestionados por los empresarios